MÉDICOS SIN FRONTERAS

La psicóloga de MSF Brillith Martínez describe su trabajo en Buenaventura, uno de los principales corredores del narcotráfico hacia Centroamérica y Estados Unidos. El 65% de su población vive en condiciones de extrema pobreza y sin acceso a servicios básicos.

La psicóloga Brillith Martínez en una sesión con una niña de 8 años referida por su escuela como posible víctima de abuso sexual. © Marta Soszynska / MSF

La violencia es contagiosa. Recuerdo a una mujer que vino a la consulta que tenemos en Buenaventura con sus tres hijos. El pequeño había perdido el año en la escuela tres veces seguidas, el mayor lo único que quería era conseguir un arma y meterse a uno de los grupos armados y el del medio se la pasaba robando. Entraba en las casas a llevarse lo que encontrara o llegaba con cosas de otros niños del barrio. Y la mamá, obviamente, en depresión.

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Tras más de medio siglo de conflicto armado en Colombia, la violencia está lejos de desaparecer  y el coste social hasta el momento es alarmante. Millones de personas han tenido que desplazarse de sus hogares y tierras, decenas de miles han desaparecido y centenares de miles de familiares siguen esperándolos.

© Marta Soszynska/MSF

Durante todos estos años, la violencia no ha cesado, sino que se ha adaptado. Razones ideológicas, políticas y/o religiosas han sido el motivo de aberraciones contrarias a la vida y de la erosión de los derechos humanos más básicos. Pero sobre todo, el principal motor de esta desmesurada violencia ha sido el interés económico. Cantidad de niños, jóvenes y adultos han sido reclutados a la fuerza o empujados a un estilo de vida criminal ante la falta de oportunidades.

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Desde hace más de 50 años, la población colombiana sufre los efectos de una crisis humanitaria que la convierte en víctima silenciosa tanto del conflicto que enfrenta a los distintos actores armados estatales y no estatales, como de otras situaciones de violencia. Los habitantes de las zonas más afectadas se exponen a desplazamientos forzados, masacres, asesinatos selectivos, minas, secuestros, atentados con explosivos, abusos sexuales, amenazas, confinamiento, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Desamparadas por un Estado que no logra responder de manera efectiva a sus necesidades médicas y menos aún a las psicológicas, estas poblaciones vulnerables se ven obligadas a transitar su día a día afrontando las duras consecuencias que el conflicto armado tiene en el desarrollo de su vida cotidiana y en su salud.

Aunque menos visibles que las heridas de bala, los efectos psicosociales de la guerra también tienen un impacto profundo en la vida de las personas. Las repercusiones sobre el equilibrio psíquico se presentan no sólo en aquellos que viven en las zonas más afectadas del territorio colombiano y que están expuestos
a la violencia directa, sino también en la población que de manera indirecta sufre el conflicto. A pesar de los avances legislativos en el ámbito de la salud mental que se han registrado en los últimos cinco años y más allá del reconocimiento político y público de la existencia de un conflicto armado, aún falta un plan de acción del gobierno colombiano acorde a la evolución del contexto, que garantice
el acceso a servicios de salud mental de calidad para la población afectada por la violencia, independientemente del perpetrador. Leer más